Se respira un despreocupado aire de playa, ilusión de Miami y sus míticas palmeras o alguna del Caribe, con arenas artificiales, aguas turquesas, resguardadas por hoteles tan gigantes como lujosos. Pero nada de eso se ve al ingresar al sector “público” de Nordelta: solo es cuestión de atmósfera que insinúa y seguramente, seduce. En el centro comercial, miércoles a las 4 de la tarde, se reúnen padres jóvenes con hijos pequeños; adolescentes todavía de vacaciones; personas que van a hacer negocios a la cafetería de moda y el laptop de última generación; o mujeres con largas túnicas de lino, pelo mojado (contraseña de que se estuvo en alguna pileta nada pública) y andar indolente. Un hotel 5 estrellas, sobre la Av. Del Puerto hasta donde llega el transporte público, oficia de mirador de lo que es el verdadero y privadísimo distrito de Tigre, con terraza, bar, piscina y costanera incluidos. Del otro lado, volviendo a la ruta, construcciones modernas medio decadentes, con oficinas vacías o en alquiler. Y sobre todo, un frustrante trazado vial que parece conducir a ningún lado. Nada nuevo bajo el sol. Apenas se sale de la Capital, preferentemente hacia la zona norte, empiezan a surgir los llamados “barrios cerrados” y los clubes de campo. Barrios con nombres que delatan la actividad principal (Golf, Marina, Yatch, etc.), que definen al usuario de acuerdo al estatus de lo ofrecido, el valor del metro cuadrado y, eventualmente, el grado de desarrollo. Surgieron en la neoliberal década del 90, y no pararon de crecer.

La tipología “barrio cerrado” plantea de entrada varios problemas e interrogantes, no solo sociales sino urbanísticos. La planificación de toda ciudad, incluida su periferia, no es una cuestión privada sino estatal. Tiene por objetivo transformar, racionalizar, organizar y distribuir las riquezas y potencialidades del espacio urbano, para verterlas sobre el conjunto de la población. Las intervenciones puntuales en manos de corporaciones inmobiliarias y financieras no pueden ir (en teoría) contra los intereses del conjunto; o por lo menos, contra los sectores vecinos. Si ese fuera el eje rector de la planificación, es decir, resolver un fragmento como una totalidad aislada, la ciudad no existiría como tal. Sería solo un conjunto de micro ciudades, gobernadas por el inversor de turno. Al autodenominarse “Ciudad-Pueblo”, el Nordelta inaugura el urbanismo neoliberal que se intenta imponer en territorios con profundas desigualdades socio-económicas y con un Estado garante cada vez más ausente. ¿Qué sería, exactamente, una “Ciudad-Pueblo”, fundada en el marco de la ilegalidad, por voluntad de una corporación, dentro de un distrito como el Tigre? O, mejor dicho, dentro de la Provincia de Buenos Aires. ¿Una ciudad con sus propias normas, leyes, costumbres, infraestructuras; autosuficiente, exclusiva y excluyente tanto en relación con los “visitantes” como en la observancia de las legislaciones y leyes que aplican para el resto?

Aunque constituya una aberración urbanística desde el punto de vista social y comunitario, el barrio cerrado puede funcionar siempre y cuando no afecte geografías y recursos que pertenecen a los habitantes de un territorio, como serían ríos, parques, lagunas, plazas; y claro está, rutas, calles, senderos y vías de comunicación en general. Que no afecte tampoco ecosistemas existentes, provocando extinciones de especies, fauna y flora, solo porque el proyecto arquitectónico así lo dictamina. Y sobre todo, que mantenga con el resto del territorio una comunicación fluida y abierta. El Nordelta se construyó sobre la destrucción de los humedales de la zona; se procedió al levantamiento de terraplenes para evitar el retorno del agua y el desvío de arroyos. Todas estas intervenciones provocaron la inundación del empobrecido entorno inmediato y la consiguiente destrucción del equilibrio entre sus habitantes originales. Así, fueron noticia los carpinchos y lagartos que merodean en busca de supervivencia en jardines y piscinas de las mansiones, y la extinción de aves, que al parecer no calificaban en el horizonte paradisíaco de los nuevos propietarios. Sin contar con las ordenanzas, desvíos y privatizaciones de rutas, firmados a fines de la década del 90, con el apoyo de todos los gobiernos siguientes, para que el faraónico proyecto de Eduardo Costantini y Cía. fuera viable y siguiera creciendo. A costa de los vecinos de Tigre.

Esta apropiación indebida del suelo, y a la vez legalizada por connivencia entre sectores de poder, ocurre a diferentes escalas en toda la Argentina y también en Latinoamérica. Nordelta es apenas un símbolo de la matriz que organiza al conjunto del territorio de acuerdo a las leyes del mercado y de esa figura que es parte de nuestra historia desde sus orígenes: el terrateniente. Aquel patrón que una vez asentado en suelo colonizado, como diría Martínez Estrada, ya no necesita estar presente para imponer autoridad sino que la ejerce a distancia. De ahí el afán de acumular hectáreas de tierras, con riquezas naturales incluidas, administradas desde cualquier punto del planeta. La derogación de la Ley de Tierras, decretada por el gobierno urltraderechista de Milei, le da un nuevo empuje a la posibilidad de que corporaciones, preferentemente extranjeras, incluso otros países, adquieran a discreción fragmentos del territorio nacional, exploten sus riquezas y lleven las ganancias afuera. Tanto en la Patagonia como en el norte argentino.

Las políticas neoliberales acerca del “modelo de ciudad” que se pretende instaurar no son aisladas. Muchas veces hablamos del “derecho a la ciudad”: el poder económico-político cuenta con innumerables herramientas para ejercerlo sobre la población. Por un lado, el control estatal sobre las empresas de transporte urbano y suburbano, incluidos los subsidios, resulta determinante para dejar afuera o no a aquellos trabajadores de menores recursos y distanciados de sus fuentes de trabajo dentro de la capital. Así también, la derogación de la Ley de alquileres, la elevación de impuestos, los altísimos costos de vida en los rubros esenciales o la violenta flexibilización laboral, constituyen sistemas de control para la selección darwiniana de los que pueden habitar el privilegiado espacio urbano. Al mismo tiempo, las arquitecturas de dimensiones mínimas, levantadas con materiales de baja calidad, construidas en serie y publicitadas como grandes emprendimientos inmobiliarios (sin importar la identidad del barrio donde se asientan ni el deseo de los vecinos), seducen al sector que está integrado formalmente en el mercado laboral. Es la urbanización actual pensada para la llamada clase media, que todavía puede correr con los gastos de una ciudad cada vez cara y al mismo tiempo, cada vez más degradada en lo que respecta al espacio público. Estos emprendimientos se desarrollan en zonas ya consolidadas y de cierto estatus; o en zonas degradadas, generando la correspondiente gentrificación. Es decir, la expulsión del habitante original como consecuencia de la revalorización del metro cuadrado, y en consecuencia el aumento de la vida cotidiana. El plan final es transformar a toda CABA en un espacio donde solo puedan vivir aquellos que la puedan sostener. Este mecanismo se repite en las principales ciudades de Latinoamérica, con una ininterrumpida expulsión de los sectores vulnerables hacia las periferias.

Para las denominadas clase media alta y clase alta, quedan reservados la bucólica utopía de la “vida campestre”, el contacto estrecho con la naturaleza, el sueño de la huerta propia y del cultivo orgánico, el aire puro, etc. La práctica de un neo higienismo a pocos minutos de esa ciudad todavía necesaria para los negocios, para la alta gastronomía y en cierta forma, para la cultura (algo que no destaca a estos barrios), pero demonizada para la salud física y mental. Demonizada no tanto por cuestiones policiales, ni siquiera por el estrés del tiempo metropolitano, sino porque es el territorio donde habitan las masas. El “barrio cerrado” y altamente exclusivo, como es Nordelta, deberá sin embargo funcionar como contraseña de identidad y ofrecer elementos diferenciales en relación a los demás barrios que comparten tipología y que fueron pensados para una clase media en ascenso, que compró la misma utopía. La geografía y la implantación juegan en Nordelta un papel fundamental: el lago propio, la ribera del río privada, el atracadero y el yate, los deportes náuticos y claro está, la ruta o la calle clausurada para el resto.

El Nordelta cuenta con casi 30 barrios, individualizados con nombre propio; lagos y bahías; colegios e iglesias; una unidad vecinal que administra los servicios de la “Ciudad-Pueblo” y decenas de consorcios. El complejo tiene poca o nula relación con el distrito de Tigre, el vecino perjudicado por los costos de llevarse por delante una geografía identitaria. De tanto en tanto, prometen construir un Centro Cívico “abierto a toda la comunidad”. Gesto con el que se intenta derribar, en el imaginario colectivo, la ilegalidad en la que se fundó el complejo, capricho de un terrateniente que soñó con una ciudad a su medida. Resabios de una Argentina colonial y plutócrata. Algo que se verá acentuado mientras la ultraderecha privatizadora se sostenga en el poder.

Redacción Revista Contratiempo, Marzo 2025 / Fotos: Zenda Liendivit